RIVERSIDE – Una red de concesionarios de automóviles operados como subsidiarias de CarMax Auto Superstores, Inc. (“CarMax”), uno de los minoristas de autos usados más grandes del país, ha sido ordenada a pagar $1,100,000 para resolver una demanda por protección al consumidor relacionada con la venta de vehículos usados en California.

La demanda alegaba que los concesionarios de CarMax violaron la ley de California al no presentar oportunamente la documentación requerida para transferir el registro y la propiedad de los vehículos usados a los compradores. Conforme a la ley estatal, los concesionarios deben presentar una solicitud ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) dentro de los 30 días posteriores a la fecha de venta para transferir el registro. El mismo plazo aplica para la transferencia del certificado de propiedad, comúnmente conocido como “título” o “pink slip”, a menos que la solicitud sea devuelta por el DMV por falta de información.

Como parte del acuerdo, CarMax se ha comprometido a implementar y mantener prácticas comerciales mejoradas para asegurar el cumplimiento de las leyes estatales de protección al consumidor. Estas medidas incluyen suspender la venta de vehículos cuando el concesionario no tenga posesión del título o no pueda obtenerlo dentro del plazo requerido, completar las verificaciones necesarias como la inspección de smog o verificación del VIN antes de la venta, mantener personal suficiente para procesar las transferencias de propiedad y designar a un gerente de alto nivel responsable de supervisar el cumplimiento.

El pago total de $1,100,000 incluye $900,000 en sanciones civiles, $150,000 por costos de investigación y $50,000 destinados a apoyar esfuerzos estatales de protección al consumidor.

CarMax cooperó con la investigación y ha tomado medidas para corregir los problemas identificados. La empresa resolvió el caso sin admitir las acusaciones contenidas en la demanda.

La sentencia fue emitida en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara como parte de un acuerdo en una acción civil de cumplimiento presentada por el Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, Michael A. Hestrin, junto con los fiscales de distrito de los condados de Los Ángeles, San Francisco, Santa Clara, Sonoma y Ventura.

Este caso fue manejado en el Condado de Riverside por el Fiscal Adjunto Evan Goldsmith, de la Unidad de Protección al Consumidor de la Fiscalía.